En 2012 habrá 15 procesos electorales locales y un proceso electoral federal.
En el proceso electoral federal, se elegirán 500 diputados, 128 senadores y al Presidente de la República. Participarán 7 partidos políticos: PAN, PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), PANAL y PVEM. El proceso electoral federal comienza en octubre de 2011.
En 7 entidades federativas se elegirán a los diputados locales, miembros de los Ayuntamientos (Presidente Municipal, Síndico y Regidores) y Gobernadores, estas son: Yucatán, Distrito Federal (Jefe de Gobierno), Jalisco, Tabasco, Guanajuato, Morelos, y Chiapas, mientras que en Querétaro, Estado de México, Sonora, Campeche, Colima, Nuevo León y San Luis Potosí sólo se elegirán diputados locales y miembros de los Ayuntamientos.
Las autoridades encargas de la organización y vigilancia de las elecciones a nivel federal son el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
A nivel local las autoridades electorales serán los institutos electorales locales de cada entidad, así como los tribunales propios, no todas las entidades tienen una fiscalía especializada en delitos electorales. El IFE interviene en las elecciones locales únicamente en materia de radio y televisión, ya que es la autoridad exclusiva para administrar los tiempos de los partidos políticos y autoridades electorales en dichos medios de comunicación o en caso de que se firme un convenio entre el instituto electoral de la entidad y el IFE a fin de que el segundo se encargue de la organización de las elecciones locales. El IFE además celebra convenios de colaboración con las autoridades electorales locales para que se use el padrón electoral. El Tribunal Electoral es la última instancia para la resolución de todos los conflictos electorales.
Finalmente todo proceso electoral consta de 3 etapas:
1.Preparación de la elección (precampañas, campañas, registro de candidatos, entre otras)
2.Jornada electoral (únicamente el día de los comicios, de 8 am a 6 pm)
3.Calificación de la elección (computo de los votos, calificación y validez de las elecciones, entregas de constancias de mayoría y resolución de los medios de impugnación).
Les dejo un artículo bastante interesante que encontré en Foreign & Affairs Latinoamérica, titulado "De los Zetas al cártel de la Habana", de Joaquín Villalobos, en el que da una explicación bastante interesante sobre el problema del narcotráfico en México.
Los temas de seguridad nacional, narcotráfico, crimen organizado y relacionados, no son mi especialidad, pero al leer este artículo, y sobre todo con los lamentables acontecimientos que vive el país, los cuales me entristecen y consternan mucho, creo que lo primero que debemos hacer es informarnos sobre el problema, entenderlo y aportar para que se resuelva. No olvidemos que todos somos responsables.
El momento en el que el ciudadano emite su voto está decidiendo el futuro del país, su futuro, a corto, mediano y largo plazo, ya que ese es el impacto que pueden tener las políticas de gobierno que tomen quienes resulten electos.
Para que los ciudadanos podamos emitir un voto de manera razonada nuestra principal herramienta será la información que recibamos. La información que brinden las autoridades electorales respecto del proceso electoral, la información que proporcionen los partidos políticos de cada uno de sus candidatos, la información que den los candidatos de sus propuestas de campaña, la información que difundan los medios de comunicación respecto del actuar de los candidatos y los partidos políticos y la información que den las encuestas respecto del rumbo que va tomando la contienda electoral.
Todos esos elementos en conjunto deben ser tomados en cuenta por el ciudadano al momento de emitir el voto. Por eso, el que la autoridad fomente debates entre los candidatos para que entre ellos realmente cuestionen la viabilidad de sus propuestas de campaña a fin de que no se conviertan en promesas imposibles de cumplir, que los candidatos brinden información veraz sobre su persona, ingresos, desempeño en cargos anteriores, principales logros en los distintos campos en que se ha desempeñado, que los medios de comunicación y periodista realicen verdades investigaciones sobre el perfil de los candidatos para que sea realmente posible conocer la forma de conducirse de la persona que posiblemente nos gobernará, además de proporcionen información veraz y objetiva sobre sus actividades y propuestas, y que las encuestadoras difundan datos reales sobre las posibilidades de triunfo de cada candidato, entre otros, son factores esenciales para la toma de decisión del voto.
La información falsa, truqueada, incompleta, o inventada lo único que logrará será que la decisión que tomen los ciudadanos al momento de sufragar se encuentre viciada, y un voto emitido bajo dichas condiciones, en mi opinión, deberá anularse ya que el mismo fue emitido con un vicio de la voluntad. La propia teoría general de las obligaciones en materia civil establece como causa de nulidad los vicios en el consentimiento provocados por el error, es decir, que derivado de una falsa apreciación de la realidad, ocasionada cuando la información que se recibe es falsa o se encuentra incompleta, se obligue uno. Lo que es lo mismo que el voto se realice a partir de información errónea a la que los ciudadanos fueron sometidos.
De esta forma, no sólo los ciudadanos tenemos la OBLIGACIÓN de allegarnos de información por distintos medios a fin de poder emitir nuestro voto de manera informada y elegir la mejor opción, sino que quienes brindan la información a los ciudadanos también tienen la OBLIGACIÓN de que la misma sea veraz, completa y oportuna. Este factor puede y debe ser determinante en el proceso electoral, por las implicaciones que tiene.
Con miras al proceso electoral de 2012, el IFE se está preparando y hace diversos ajustes a su normativa. En uso de la facultad reglamentaria que la ley les confiere, el Consejo General, basándose en la experiencia del proceso electoral del 2009, así como en las resoluciónes del Tribunal Electoral y la falta de regulación por parte del legislador ordinario de algunos temas, ha reformado sus reglamentos. Les dejo el de Radio y Televisión y el de Quejas y Denuncias. Antes de criticar hay que leer.
Las candidaturas independientes han sido un tema polémico en los últimos tiempos. No cabe duda que implican un paso a una democracia más abierta a la ciudadanía, en el que exista un mayor número de competidores, sin embargo, no es posible decir que su prohibición sea un atentado en contra de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Les dejo algunas consideraciones que he sintetizado, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos en sus artículos 2, 16, 23, 24 y 29, establece diversa regulación respecto de los derechos políticos. A fin de tener mayor claridad se transcriben los mencionados preceptos.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Artículo 16. Libertad de Asociación
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Artículo 23. Derechos Políticos
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
Artículo 24. Igualdad ante la Ley
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
Artículo 29. Normas de Interpretación
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a)permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b)limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c)excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d)excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.
Al respecto, en el caso Yatama en contra de Nicaragua, resuelto el veintitrés de junio de dos mil cinco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció diversas consideraciones relativas al ejercicio de los derechos políticos, de manera más específica al derecho a ser votado.
En dicho precedente, la Corte Interamericana sostuvo:
192. Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”[i].Los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales[ii], propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político.
193. Los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas aprobaron el 11 de septiembre de 2001 durante la Asamblea Extraordinaria de la OEA la Carta Democrática Interamericana, en la cual se señala que [s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos[iii].
2) Contenido de los derechos políticos
194. El artículo 23 de la Convención consagra los derechos a la participación en la dirección de los asuntos públicos, a votar, a ser elegido, y a acceder a las funciones públicas, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad.
195. Es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación.
…
199. La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.
200. El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación.
3) Obligación de garantizar el goce de los derechos políticos
201. La Corte entiende que, de conformidad con los artículos 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. Dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales[iv].
…
204. De acuerdo al artículo 29.a) de la Convención no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente en la conducción del Estado o se torne ilusoria dicha participación, privando a tales derechos de su contenido esencial.
…
206. La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones[v]. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue[vi].
207. Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Dichos estándares, deben garantizar, entre otras, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto como expresión de la voluntad de los electores que refleje la soberanía del pueblo, tomando en que cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, “[p]romover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”, para lo cual se pueden diseñar normas orientadas a facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad, tales como los miembros de las comunidades indígenas y étnicas.
208. Con respecto a las limitaciones al derecho a ser elegido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que [e]l derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos. Toda exigencia de que los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios [para presentar su candidatura] deberá ser razonable y noconstituir un obstáculo a esa candidatura[vii].
…
216. Los partidos políticos y las organizaciones o grupos que participan en la vida del Estado, como es el caso de los procesos electorales en una sociedad democrática, deben tener propósitos compatibles con el respeto de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana. En este sentido, el artículo 16 de dicho tratado establece que el ejercicio del derecho a asociarse libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.[viii]
De lo anterior, es posible advertir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que el ejercicio de los derechos políticos debe llevarse a cabo, bajo los siguientes parámetros:
·La Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana protegen los derechos políticos, con la finalidad de fortalecer la democracia y el pluralismo político.
·En los preceptos transcritos (artículos 2, 23 y 23 de la Convención), se consagran los derechos a la participación en los asuntos públicos, ser elegido y acceder a las funciones públicas. El ejercicio efectivo de dichos derechos debe observar los principios de igualdad y no discriminación.
·Los ciudadanos deben tener condiciones de igualdad en su postulación, ello implica que el diseño, implementación, desarrollo y ejecución del sistema, para el acceso a la función pública por elección pública o mediante nombramiento o designación debe ser en condiciones de igualdad.
·Garantizar el acceso a los cargos públicos, en condiciones de igualdad, implica no sólo la expedición de normativa que reconozca formalmente los derechos políticos, sino que se adopten medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando las debilidades en las que se encuentran ciertos sectores de la sociedad, es decir, no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que la regulación se convierta en un impedimento para que las personas participen efectivamente en la conducción del Estado.
·La previsión y aplicación de requisitos para el ejercicio de los derechos políticos no es una restricción per se, ya que estos no son absolutos, pues, pueden estar sujetos a limitaciones, siempre que observen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
·La restricción que se establezca a los derechos políticos debe estar prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y que además sea proporcional al objetivo que se pretende.
·Se debe elegir la opción que restrinja lo menos posible el derecho, y que guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue.
·Los estándares que se establezcan para regular la participación política deben garantizar que las elecciones sean periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto, con la finalidad que se promueva la participación de todos los sectores de la sociedad.
Bajo dichas directrices es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que debe ejercerse el derecho a ser votado, pues si bien este puede ser restringido puesto que no tiene el carácter de absoluto, la ley que lo regule, debe garantizar que el ejercicio sea en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha señalado que existen diversos sistemas electorales, en los cuales se prevé y regula el derecho a ser votado en dos vertientes, una que permite las candidaturas independientes, y otra que establece la exclusividad de los partidos políticos en la postulación de candidatos.
Al respecto, en el caso Castañeda Gutman en contra de los Estados Unidos Mexicanos, resuelto el seis de agosto de dos mil ocho, sostuvo:
140. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. La Corte destaca la importancia que tienen los derechos políticos y recuerda que la Convención Americana, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos[ix].
…
143. La Corte considera que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención.
II. Contenido de los derechos políticos
144. El artículo 23.1 de la Convención establece que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades, los cuales deben ser garantizados por el Estado en condiciones de igualdad: i) a la participación en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por representantes libremente elegidos; ii) a votar y a ser elegido en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de los electores; y iii) a acceder a las funciones públicas de su país.
145. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir,a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la Convención no sólo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término “oportunidades”. Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo señalara este Tribunal anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación[x].
146. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa.
147. Los ciudadanos tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los asuntos públicos directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas o bien, por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos.
148. Por su parte, la participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.
149. El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el artículo 23.1.b de la Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Más allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular), la Convención Americana no establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos (infra párr. 197). La Convención se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa[xi].
150. Finalmente, el derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, desarrollo y ejecución de las políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación.
…
155. Por su parte, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a tales derechos, exclusivamente en razón de la “edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”. La disposición que señala las causales por las cuales se puede restringir el uso de los derechos del párrafo 1 tiene como propósito único – a la luz de la Convención en su conjunto y de sus principios esenciales – evitar la posibilidad de discriminación contra individuos en el ejercicio de sus derechos políticos. Asimismo, es evidente que estas causales se refieren a las condiciones habilitantes que la ley puede imponer para ejercer los derechos políticos, y las restricciones basadas en esos criterios son comunes en las legislaciones electorales nacionales, que prevén el establecimiento de edades mínimas para votar y ser votado, ciertos vínculos con el distrito electoral donde se ejerce el derecho, entre otras regulaciones. Siempre que no sean desproporcionados o irrazonables, se trata de límites que legítimamente los Estados pueden establecer para regular el ejercicio y goce de los derechos políticos y que se refieren a ciertos requisitos que las personas titulares de los derechos políticos deben cumplir para poder ejercerlos.
…
158. El Estado, en consecuencia, no sólo tiene la obligación general establecida en el artículo 1 de la Convención de garantizar el goce de los derechos, sino que tiene directrices específicas para el cumplimiento de su obligación. El sistema electoral que los Estados establezcan de acuerdo a la Convención Americana debe hacer posible la celebración de elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Hay aquí, por lo tanto, un mandato específico al Estado en relación con la modalidad que debe escoger para cumplir con su obligación general de “garantizar” el goce de los derechos establecida en el artículo 1 de la Convención, cumplimiento que, como lo dice en forma general el artículo 1.1, no debe ser discriminatorio.
159. En el ámbito de los derechos políticos la obligación de garantizar resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los aspectos organizativos o institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de normas y la adopción de medidas de diverso carácter para implementar los derechos y oportunidades reconocidos en el artículo 23 de la Convención. Sin esa acción del Estado los derechos a votar y a ser votado, simplemente, no podrían ser ejercidos. Los derechos políticos y también otros previstos en la Convención como el derecho a la protección judicial, son derechos que “no pueden tener eficacia simplemente en virtud de las normas que los consagran, porque son por su misma naturaleza inoperantes sin toda una detallada regulación normativa e, incluso, sin un complejo aparato institucional, económico y humano que les dé la eficacia que reclaman, como derechos de la propia Convención […], si no hay códigos o leyes electorales, registros de electores, partidos políticos, medios de propaganda y movilización, centros de votación, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del sufragio, éste sencillamente no se puede ejercer, por su misma naturaleza; de igual manera que no puede ejercerse el derecho a la protección judicial sin que existan los tribunales que la otorguen y las normas procesales que la disciplinen y hagan posible”[xii].
160. Son éstas las bases que la Corte estima deben guiar la resolución de esta causa, que se refiere a la manera cómo México diseñó este sistema. Los representantes alegan que “el marco jurídico mexicano, al exigir como requisito indispensable para que una persona pueda participar en una contienda electoral el que la postulación sea presentada exclusivamente por un partido político, es violatoria del segundo párrafo del artículo 23 de la Convención”.
…
162. Previo a ello, la Corte considera necesario señalar que, en términos generales, el derecho internacional no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad determinada de ejercer los derechos a votar y a ser elegido. Ello se desprende de las normas que regulan los derechos políticos tanto en el ámbito universal como en el regional, y de las interpretaciones autorizadas realizadas por sus órganos de aplicación.
163. En el ámbito universal, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya redacción es similar en una importante medida a la disposición de la Convención Americana, establece parámetros amplios en lo que se refiere a la regulación de los derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al interpretar dicha norma ha dicho que “el Pacto no impone ningún sistema electoral concreto” sino que todo sistema electoral vigente en un Estado “debe ser compatible con los derechos amparados por el artículo 25 y garantizar y dar efecto a la libre expresión de la voluntad de los electores”56. En particular, respecto de las limitaciones al derecho a ser elegido, el Comité señaló que:
[e]l derecho de las personas a presentarse a elecciones no deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos. Toda exigencia de que los candidatos cuenten con un mínimo de partidarios [para presentar su candidatura] deberá ser razonable y no constituir un obstáculo a esa candidatura […][xiii].
164. La Corte advierte que este aspecto de la Observación General No. 25 se refiere a la obligación de no limitar, de forma excesiva, que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos para ejercer estos derechos. Ello es un supuesto de hecho distinto al registro exclusivo por parte de los partidos de los candidatos. En el presente caso, ni la norma que se alega contraria a la Convención ni otras del COFIPE establecen como requisito legal el estar afiliado o ser miembro de un partido político para que se registre una candidatura y permite que los partidos políticos soliciten el registro de candidaturas de personas no afiliadas a ellos o candidaturas externas.
165. Por su parte, en el ámbito regional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde su primer caso en que fue solicitado un pronunciamiento sobre el derecho a votar y a ser votado que se deriva del artículo 3 del Protocolo 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, señaló que dicha disposición no crea ninguna obligación de establecer un sistema electoral específico[xiv]. Asimismo, señaló que existen numerosas maneras de organizar e implementar sistemas electorales y una riqueza de diferencias basadas en el desarrollo histórico, diversidad cultural y pensamiento político de los Estados[xv]. El Tribunal Europeo ha enfatizado la necesidad de evaluar la legislación electoral a la luz de la evolución del país concernido, lo que ha llevado a que aspectos inaceptables en el contexto de un sistema puedan estar justificados en otros[xvi].
166. El sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado. La Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos.
…
174. Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los derechos humanos no son absolutos. Como lo ha establecido anteriormente el Tribunal, la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos[xvii]. Sin embargo, la facultad de los Estados de regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que exige el cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas transforma la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana. Conforme a lo establecido en el artículo 29.a in fine de dicho tratado ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella.
175. La Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención[xviii] y procederá a analizar, a la luz de los mismos, el requisito legal bajo examen en el presente caso.
1) Legalidad de la medida restrictiva
176. El primer paso para evaluar si una restricción a un derecho establecido en la Convención Americana es permitida a la luz de dicho tratado consiste en examinar si la medida limitativa cumple con el requisito de legalidad. Ello significa que las condiciones y circunstancias generales que autorizan una restricción al ejercicio de un derecho humano determinado deben estar claramente establecidas por ley[xix]. La norma que establece la restricción debe ser una ley en el sentido formal y material[xx].
…
180. El segundo límite de toda restricción se relaciona con la finalidad de la medida restrictiva; esto es, que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos (por ejemplo las finalidades de protección del orden o salud públicas, de los artículos 12.3, 13.2.b y 15, entre otras), o bien, en las normas que establecen finalidades generales legítimas (por ejemplo, “los derechos y libertades de las demás personas”, o “las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”, ambas en el artículo 32).
…
3) Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva
185. En el sistema interamericano existe un tercer requisito que debe cumplirse para considerar la restricción de un derecho compatible con la Convención Americana. LaCorte Interamericana ha sostenido que para que una restricción sea permitida a la luz de la Convención debe ser necesaria para una sociedad democrática. Este requisito, que la Convención Americana establece de manera explícita en ciertos derechos (de reunión, artículo 15; de asociación, artículo 16; de circulación, artículo 22), ha sido incorporado como pauta de interpretación por el Tribunal y como requisito que califica a todas las restricciones a los derechos de la Convención, incluidos los derechos políticos[xxi].
186. Con el fin de evaluar si la medida restrictiva bajo examen cumple con este último requisito la Corte debe valorar si la misma: a) satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés público imperativo; b) es la que restringe en menor grado el derecho protegido; y c) se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo.
…
192. Los sistemas que admiten las candidaturas independientes se pueden basar en la necesidad de ampliar o mejorar la participación y representación en la dirección de los asuntos públicos y posibilitar un mayor acercamiento entre los ciudadanos y las instituciones democráticas; por su parte los sistemas que optan por la exclusividad de las candidaturas por partidos políticos se pueden basar en diversas necesidades tales como fortalecer dichas organizaciones como instrumentos fundamentales de la democracia u organizar de una manera eficaz el proceso electoral, entre otras. Estas necesidades deben obedecer, en última instancia, a un fin legítimo conforme a la Convención Americana.
193. La Corte considera que el Estado ha fundamentado que el registro de candidatos exclusivamente a través de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas, sociales. La necesidad de crear y fortalecer el sistema de partidos como respuesta a una realidad histórica y política; la necesidad de organizar de manera eficaz el proceso electoral en una sociedad de 75 millones de electores, en las que todos tendrían el mismo derecho a ser elegidos; la necesidad de un sistema de financiamiento predominantemente público, para asegurar el desarrollo de elecciones auténticas y libres, en igualdad de condiciones; y la necesidad de fiscalizar eficientemente los fondos utilizados en las elecciones. Todas ellas responden a un interés público imperativo. Por el contrario, los representantes no han acercado elementos suficientes que, más allá de lo manifestado en cuanto al descrédito respecto de los partidos políticos y la necesidad de las candidaturas independientes, desvirtúe los fundamentos opuestos por el Estado.
…
198. La Corte observa que en el derecho electoral comparado la regulación del derecho a ser votado respecto de la inscripción de las candidaturas puede implementarse de dos maneras; mediante el sistema de registro de candidatos de forma exclusiva por parte de los partidos políticos, o bien el sistema de registro de candidaturas por parte de los partidos políticos junto con la posibilidad de inscribir candidaturas independientes. En la región puede observarse que existe cierto equilibrio entre los Estados que establecen el sistema de registro exclusivo a cargo de partidos y aquellos que, además, permiten candidaturas independientes.
199. Los Estados cuya legislación reconoce la posibilidad de inscribir candidaturas independientes establecen diversos requisitos para su inscripción, algunos de ellos similares a los que se prevén para las candidaturas registradas por partidos políticos. Un requisito común para la inscripción de candidaturas independientes es el respaldo de un número o porcentaje de electores que apoye la inscripción de la candidatura, lo que resulta indispensable para organizar de manera eficaz el proceso electoral[xxii]. Adicionalmente, los Estados establecen otros requisitos tales como la presentación de plataformas políticas o planes de gobierno para el período que la candidatura se presenta, la integración de garantías económicas o “pólizas de seriedad”, incluso una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el territorio del Estado, en caso de candidaturas independientes a Presidente de la
República.
…
200. Ninguno de los dos sistemas, el de nominación exclusiva por parte de partidos políticos y el que permite candidaturas independientes, resulta en sí mismo más o menos restrictivo que el otro en términos de regular el derecho a ser elegido consagrado en su artículo 23 de la Convención. La Corte considera que no hay una posibilidad de hacer una valoración en abstracto respecto de si el sistema que permite las candidaturas independientes es o no una alternativa menos restrictiva de regular el derecho a ser votado que otro que no lo permite. Ello dependerá de diversas circunstancias, especialmente, de cómo se regulen los aspectos mencionados anteriormente de las candidaturas independientes o de la regulación de las candidaturas presentadas por partidos.
201. Las candidaturas independientes pueden regularse de manera que faciliten y amplíen el acceso al derecho a ser votado, pero también puede ocurrir que para inscribir candidaturas independientes se establezcan requisitos mayores que los establecidos para nominar a un candidato por un partido político. El sólo hecho de permitir candidaturas independientes no significa que se trate del medio menos restrictivo para regular el derecho a ser votado. Lo esencial es que cualquiera de los dos sistemas que sea elegido haga accesible y garantice el derecho y la oportunidad a ser votado previsto en la Convención en condiciones de igualdad.
…
203. (...) la Corte estima que en el presente caso la exclusividad de nominación por partidos políticos a cargos electivos de nivel federal es una medida idónea para producir el resultado legítimo perseguido de organizar de manera eficaz los procesos electorales con el fin de realizar elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana.
204. Finalmente, la Corte considera que ambos sistemas, uno construido sobre la base exclusivamente de partidos políticos, y otro que admite también candidaturas independientes, pueden ser compatibles con la Convención y, por lo tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en las manos de la definición política que haga el Estado, de acuerdo con sus normas constitucionales. A la Corte no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación. En este sentido los Estados deben valorar de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros.
Las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al ejercicio del derecho a ser votado, y más concretamente, de las candidaturas independientes, se pueden sintetizar de la siguiente forma:
·Los derechos políticos, como derechos humanos de importancia fundamental, se relacionan con los derechos de libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de asociación. En conjunto, tales derechos hacen posible el juego democrático. Su ejercicio efectivo constituye un fin en sí mismo y, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos.
·El Estado debe garantizar que los ciudadanos gocen en condiciones de igualdad de los derechos i) a la participación en la dirección de asuntos públicos, directamente o a través de representantes libremente elegidos; ii) votar y ser votado en elecciones periódicas, auténticas; iii) acceder a las funciones públicas.
·Los ciudadanos no sólo deben ser titulares de derechos políticos, sino que tienen que tener oportunidad de ejercerlos, lo cual se puede realizar a través de amplios y diversos mecanismos.
·Ni el derecho internacional en lo general, ni la Convención Americana en lo particular, establecen una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser votado se ejerzan, sino que únicamente señala estándares dentro de los cuales los Estados pueden y deben regular los derechos políticos. El sistema electoral que cada Estado establezca debe garantizar el goce de los derechos políticos.
·La Observación General número 25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que no se debe limitar, de forma excesiva, que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos para ejercer el derecho.
·A fin de evaluar la restricción a un derecho es necesario determinar: i) si satisface una necesidad social imperiosa, es decir, si está orientada a satisfacer un interés público imperativo; ii) si restringe en menor grado el derecho protegido; y iii) si se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo.
·La regulación del derecho a ser votado respecto de la inscripción de las candidaturas puede implementarse de dos maneras; mediante el sistema de registro de candidatos de forma exclusiva por parte de los partidos políticos, o bien el sistema de registro de candidaturas por parte de los partidos políticos junto con la posibilidad de inscribir candidaturas independientes.
·Los sistemas electorales que permiten las candidaturas independientes, buscan ampliar la participación y representación en la dirección de los asuntos públicos, posibilitando un mayor acercamiento entre los ciudadanos y las instituciones democráticas. Los que optan por la exclusividad de las candidaturas por partidos políticos, buscan fortalecer dichas instituciones políticas, ya que son los fundamentos de su democracia y organización en los procesos electorales.
·Ni el sistema que establece la posibilidad de candidaturas independientes, ni el que le otorga la exclusividad de postulación de candidatos a los partidos políticos, es restrictivo. Lo que hace restrictivo al sistema son las circunstancias que regulan el derecho a ser votado, ya que lo esencial es que dicho derecho sea accesible y garantice el derecho y la oportunidad de ser votado en condiciones de igualdad.
De manera concreta, al ser el Estado Mexicano una de las partes en el denominado caso “Castañeda”, la Corte Interamericana realizó diversas consideraciones respecto al ordenamiento jurídico que regula el sistema electoral mexicano, respecto de la postulación de candidatos señaló:
1.La exclusividad en la nominación de los partidos políticos para cargos de elección popular, prevista a nivel federal, es una medida idónea para producir el resultado legítimo de organizar de manera eficaz los procesos electorales con el fin de realizar elecciones periódicas, auténticas, por sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libertad de expresión de los electores.
2.El Código Federal de Instituciones y Procedimientos no establece, como requisito legal el estar afiliado o ser miembro de un partido político para que se registre una candidatura, por el contrario, permite que éstos soliciten el registro de candidaturas de personas no afiliadas a ellos o candidaturas externas.
[i]Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, supra nota 160, párr. 34.
[ii] Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.c); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 42); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 7); Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos I, II y III); Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 6); Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (artículos 2 y 3); Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (artículo 6); Proclamación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán, 13 de mayo de 1968 (párr. 5); Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 14 a 25 de junio de 1993 (I.8, I.18, I.20, II.B.2.27); Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13).
[iii] Carta Democrática Interamericana. Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 11 de septiembre de 2001, artículo 3.
[iv]Cfr. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, supra nota 150, párr. 89; y Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, supra nota 156, párr. 46.
[v]Cfr. Case of Hirst v. the United Kingdom (no. 2), no. 74025/01, § 36, ECHR-2004.
[vi]Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 5, párrs. 96 y 133; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 121 y 123; y La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 46. Asimismo cfr. Eur. Court H.R., Case of Barthold v. Germany, Judgment of 25 March 1985, Series A no. 90, para. 58; Eur. Court H.R., Case of Sunday Times v. United Kingdom, Judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, para. 59; O.N.U., Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 27, Libertad de circulación (art. 12) de 2 de noviembre de 1999, párrs. 14 y 15; y O.N.U., Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25, Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25) de 12 de julio de 1996, párrs. 11, 14, 15 y 16.
[vii] O.N.U., Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25, supra nota 173, párr. 17.
[ix]Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34; y Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 191.
[xii]Cfr. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7, Opinión Separada del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, párr. 27.
[xiii]Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25, supra nota 56, párr. 17.
[xiv]Cfr. ECHR, Case Mathieu-Mohin and Clerfayt v Belgium, judgment of 2 March 1987, Series A, No. 113, § 54.
[xv]Cfr. ECHR, Case Zdanoka v Latvia, judgment of 16 March 2006 [GC], no. 58278/00, § 103.
[xvi]Cfr. ECHR, Case Mathieu-Mohin and Clerfayt, supra nota 58, § 54, y Case Zdanoka, supra nota 59, § 115.
[xviii]Cfr. Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 39; y Caso Kimel, supra nota 4, párr. 52.
[xix] El artículo 30 de la Convención Americana establece que: Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas.
[xx]Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, supra nota 49, párrs. 27 y 32.
[xxi]Cfr. Caso Yatama, supra nota 49, párr. 206 y ss.
[xxii] En algunos Estados de la región para el registro de estas candidaturas se ha requerido: un número de ciudadanos inscriptos no menor al 0.5% de los ciudadanos que sufragaron en la anterior elección de Diputados (Chile); el respaldo de firmas equivalente al 5% de electores empadronados (Ecuador); la nómina de ciudadanos que representen el 2% de electores en la República (Honduras); adherentes no inferiores al 4% de los ciudadanos hábiles para votar a nivel nacional (Perú); manifestaciones de voluntad firmadas por un número de electores inscritos equivalente a 0.5% de los electores de la circunscripción de que se trate (Venezuela).
En días pasados, para ser exactos el lunes 6 y viernes 10 de junio, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación importantes reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la primera en materia de Amparo y la segunda en materia de Derechos Humanos. Considero que su conocimiento es importante y necesario para todos.
Las nuevas disposiciones constitucionales son de la mayor trascendencia.
Desde hace tiempo existe un gran movimiento para terminar con los legisladores denominados plurinominales, que no son otra cosa sino aquellos que llegan ocupar un cargo de elección popular a través del sistema denominado representación proporcional.
La representación proporcional es el sistema en el cual se reconoce la preferencia del voto que no es mayoritario, es decir, busca que quienes votaron en gran número por una opción que no obtuvo la mayoría de votos, pero sí una cantidad significativa, sea tomada en cuenta. Por ejemplo, si en tu distrito un 40% votó por el candidato A, y un 37% por el candidato B, resulta claro que el ganador es el candidato A, pero también es cierto que hay un 60% de ciudadanos que no querían a dicho candidato, de ese 60% poco más de la mitad querían que ganara el candidato B. La representación proporcional justamente busca que aquellos que eligieron al candidato B, que son un gran número de ciudadanos, no se queden sin representante ante el órgano que eligieron.
Por tanto, el sistema de representación proporcional es un mecanismo democrático que busca que los órganos colegiados de gobierno, como son la Cámara de Diputados, la de Senadores, los Congresos en los Estados y los Ayuntamientos, tengan una composición plural, en la que no sólo se represente a una mayoría que no siempre son los más, sino que estén representadas las ideologías que más simpatías tienen entre los ciudadanos.
A nivel mundial la tendencia es justo que las democracias migren de la mayoría relativa a la representación proporcional.
Entiendo el argumentos de muchos, en el sentido de porqué va a legislar alguien por quien no vote, lo cual ocurre en la mayoría relativa ya que al 60% que no eligió al candidato A, será representado por él. El punto se podría debatir horas, meses e incluso años, tan es así que en el mundo hay países que tiene únicamente sistemas de mayoría relativa, otros sólo de representación proporcional, y algunos, como México, mixto.
Considero que la solución no es eliminar la representación proporcional, creo que sería bueno reducir el número de legisladores en el Congreso de la Unión, pero para ello creo que hay que implementar mecanismos distintos. En principio creo que los legisladores de representación proporcional no deben salir de una lista que pocos conocen (aunque se pone en la parte trasera de la boleta en la que eliges diputados o senadores), sino que debe haber un mecanismo distinto para designar a los legisladores de representación proporcional, como podría ser que se designen de entre aquellos que en sus distritos obtuvieron mayor porcentaje de votación pero que no fue suficiente para ganar, es decir, los mejores segundos lugares. La idea es que el elector conozca plenamente a quienes aspiran a un cargo de elección popular a través de la representación proporcional, y esté consiente de ello al momento de votar.
Para complementar la representación proporcional creo que deberían implementarse otros mecanismos, como son; un verdadero sistema de rendición de cuentas, en el que la ciudadanía no sólo conozca las acciones que se están llevando a cabo, sino que también las cuestionen y juzguen, que exista una interacción entre ambos actores. Por otro lado, también se debe buscar mayor transparencia de los legisladores, y partidos políticos, que sean sujetos obligados directos.
En todo esto, la ciudadanía también tiene un papel preponderante, que es estar al pendiente de la actividad de todo aquél que tenga un cargo de elección popular, y de los propios partidos. Al final, de una forma u otra, considero que al eliminar la representación proporcional lo único que lograríamos es tener un congreso o un cabildo dominado por un sólo partido, en la mayoría de los casos, o por dos en algunos, (ver últimas elecciones diputados de mayoría relativa), lo que se traduciría en una menor representación y pluralidad en los órganos colegiados, es decir, un retroceso democrático a mi parecer.
Eliminar la representación proporcional del sistema democrático mexicano no sólo es decir que se acabe y ya, sino que conlleva estudiar sus repercusiones e implicaciones, ya que es un sistema que se ha ido implementando a lo largo de la historia, por lo que, de golpe eliminarla, no es la solución. Aunque reconozco que es tiempo de dar el siguiente paso y mejorar el sistema, como he propuesto.
El artículo 17 constitucional señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las cosas judiciales.
Al parecer el texto de dicho precepto es letra muerta, el sistema de justicia en México no sólo es viejo e ineficiente, sino que también es corrupto e injusto. Los jueces tienen cargas de trabajo excesivas, se privilegia más el resolver un número determinado de asuntos a que estos se resuelvan de manera apegada a derecho y buscando impartir justicia.
Las garantías tanto de las víctimas como de los inculpados consagradas en el artículo 20 de la constitución son simplemente una mera referencia, ya que claramente no son cumplidas. En muchas ocasiones el acusado nunca sabe qué delito se le imputa o cuáles son los hechos por los que se le acusa, las pruebas en ocasiones son insuficientes y en otras cuando son suficientes son desestimadas.
Los juzgados están llenos de casos en los que se acusa de un delito menor, así es que los jueces con tal de resolver de manera rápida, si así se le puede llamar, se preocupan más por formalismos y cuestiones procedimentales que difícilmente trascienden a la materia de fondo del asunto controvertido.
Al final de cuentas, la impartición de justicia en el país es obsoleta, responde a un sistema viejo que únicamente obstaculiza la propia actividad jurisdiccional.
Les dejo este documental que elaboró el CIDE sobre el sistema de impartición de justicia en México.
Este trabajo fue inscrito para el VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, Constituciones y Principios, que se celebrará los días 6 al 10 de diciembre de 2010 en la Ciudad de México, Distrito Federal, en la mesa temática III titulada Los Medios de Comunicación y los Principios Constitucional.
Una de las características de un estado democrático es el respeto y plenitud con que se vivan los derechos fundamentales.
Los artículos6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos y 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales forman parte del bloque de constitucionalidad, contemplan la libertad de de expresión como un derecho fundamental de todo ciudadano, cuyo ejercicio debe ser garantizado y potenciado para la consolidación de una sociedad democrática.[i]
Concretamente, el artículo 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Sociales, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión (que consiste en la exteriorización del pensamiento) y comprende, además, el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, lo que se conoce como libertad de investigación y el derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento.[ii] En términos similares, se consagra la libertad de expresión en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La libertad de expresión comprende tres distintos derechos: i) buscar informaciones e ideas de toda índole; ii) recibir informaciones e ideas de toda índole, y iii) difundir informaciones e ideas de toda índole.
Por su parte, el artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución mexicana se establecen no sólo la posibilidad de emitir opiniones, sino también de hacerlo libremente. En dicho precepto se contemplan dos derechos fundamentales distintos: el derecho a la libertad de expresión (primera parte del artículo) y el derecho a la libertad de información (segunda parte).
Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el establecer condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte del Estado[iii], en tanto que la libertad de información incluye suministrar información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso concreto.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha señalado que quienes están bajo la protección de la convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
En ello, se destaca la condición de derecho que impone al Estado el deber de no interferir en la actividad expresiva de los ciudadanos, y que asegura a estos últimos un importante espacio de creatividad y desarrollo individual. Tener plena libertad para expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible no sólo para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales como el de petición o el derecho a votar o ser votado, el de asociación o reunión, sino que constituye además un elemento funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia representativa.
Por ello, cada vez que un tribunal decide sobre un caso de libertad de expresión o imprenta, está afectando no solamente las pretensiones de las partes en un litigio concreto, sino también el grado al que en un país quedara asegurada la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto[iv].
Al ser la libertad de expresión un derecho fundamental reconocido en la Constitución General de la República y los tratados internacionales suscritos por México, los juzgadores deben realizar una interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico que potencie su ejercicio y que, por consecuencia, lleve a una interpretación estricta y restrictiva de las limitaciones a dichos derechos, puesto que se trata de condiciones mínimas para la adecuada tutela de la dignidad de cada persona y su desarrollo.[v]
El derecho que garantiza la Constitución mexicana protege al individuo no solamente en la manifestación de ideas que comparte con la gran mayoría de sus conciudadanos, sino también de ideas impopulares, o incluso provocativas, esta libertad es en muchos sentidos, un derecho al disenso, y esta dimensión dota de pleno sentido al hecho de que la Constitución la consagre como un derecho fundamental que es una figura jurídica cuya razón de ser es la salvaguarda del individuo.
La libertad de expresión protege de manera especial, clara y enérgica el derecho del individuo a expresar sus ideas en materia política, ya que el discurso político está directamente relacionado con la función pública e institucional, por lo que la protección de su libre difusión resulta especialmente relevante para que la libertad de expresión cumpla cabalmente su posición estratégica de cara a la formación de la opinión pública, dentro del esquema estructural del funcionamiento de una democracia.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia representativa". Los elementos anteriores se desprenden de la tesis -que resulta orientadora- establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.[vi]
La libertad de expresión tiene una dimensión individual, porque está referida al derecho de expresión de cada sujeto y, una dimensión colectiva o social, puesto que comprende el derecho de sociabilizar dichas informaciones o ideas, y que la propia sociedad o colectividad conozca dichas ideas. La libertad de expresión requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.[vii]
Sobre la dimensión la individual la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que implica, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. La expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y, en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente.
Acerca de la dimensión social, la Corte Interamericana ha señalado que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Ambas dimensiones, individual y social, tienen igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en los términos previstos en el artículo 13 de la invocada Convención.
La protección constitucional de la libertad de expresión (en el sentido de la emisión de ideas, juicios, opiniones y creencias personales) incluye el derecho a expresar convicciones políticas, morales, religiosas filosóficas o de otro tipo y se ve aun más fortalecida si involucra la libertad de pensamiento o de opiniones en materia política, por lo que está protegida constitucionalmente en los artículos 1º, 3º y 7º, en concordancia con los artículos 40 (forma democrática representativa de gobierno) y 41 (sistema constitucional electoral) de la Constitución federal, así como diversos instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y suscritos por el Estado mexicano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su jurisprudencia que la libertad de expresión tiene un vínculo orgánico con la democracia, y que en ejercicio de ella se puede y deben denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los servidores públicos, ya que de limitar dicha acción se violaría la garantía en su doble dimensión, individual y colectiva.
Por tanto, en una democracia las opiniones expresadas por un ciudadano en ejercicio de sus derechos fundamentales deben ser protegidas y garantizadas por la autoridad en dentro del marco constitucional descrito a efecto de privilegiar el debate político y la pluralidad de ideas dentro de un proceso comicial, siempre y cuando estas no sean contrarias a las prohibiciones establecidas en el ordenamiento jurídico que corresponda, para lo cual el órgano que se encargue de el estudio y análisis de dichas opiniones deberá buscar siempre privilegiar la protección a la libertad de expresión a través de una interpretación extensiva y limitar las prohibiciones mediante una interpretación restrictiva de las mismas.
El SUP-RAP-75/2010 y el amparo en revisión 2676/2003, concretamente el voto particular del Ministro José Ramón Cossío, fueron tomados como base para la elaboración del presente documento.
[i] Cfr. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos .Opinión Consultiva OC-6/86 del nueve de mayo de 1986, Serie A, no. 6, párrafo 34, y Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del veintitrés de junio de dos mil cinco, serie C, número 127, párrafo 191.
[ii]Vid., Hernando Valencia Villa, "Reseña de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos sobre libertad de expresión", en Estudios básicos de derechos humanos X, San José, Fundación Ford e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2000, pp. 303-318. La mayoría de las citas se reproducen en el voto particular formulado en el asunto con número de expediente SUP-RAP-34/2006 por el entonces magistrado José de Jesús Orozco Henríquez y las resoluciones en que fue ponente el propio magistrado que corresponden a los expedientes SUP-JDC-93/2005, SUP-RAP-31/2006 y SUP-RAP-49/2006.
[iii]Punto 7 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión
[iv]Cfr. Opinión consultiva 5/85, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[v] DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA, tesis publicada en la compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo jurisprudencia, páginas 97-99.
[vi] Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421.
[vii]Caso "La última tentación de Cristo", Olmedo Bustos y otros vs. Chile.